Me dirijo al pueblo boliviano y a sus más altas autoridades para expresarles en nombre propio y de mi esposa Graciela De Losada de Tudela mi más profundo agradecimiento por la hospitalidad que hemos recibido durante nuestra permanencia voluntaria en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y por haberse extendido a nuestro favor Certificados de Solicitante de la Condición del Refugiado que nos protegen legalmente de la feroz persecución judicial desatada en el Perú por mis hijos Juan Felipe y Francisco Tudela Van Breugel Douglas.De acuerdo a la legislación boliviana, mi esposa y yo nos encontramos legalmente en territorio boliviano y no podemos ser obligados a retornar al Perú. En ese sentido, por la protección del refugio, son inejecutables las ilícitas ordenes judiciales impartidas por las Magistradas peruanas Carmen Torres Valdivia y Raquel Centeno, que no han tenido reparo en violar nuestros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado Peruano y los Tratados Internacionales de Protección de los Derechos Humanos y que persiguen hacerme retornar a la fuerza a mi patria para ilegalmente sentenciar mi muerte civil.
Como es de público conocimiento, a mis 92 años de edad, me he visto forzado a abandonar mi país acompañado por mi esposa de 78 años, para escapar de un círculo de hierro legal y político que se ha venido cerrando con gran ferocidad sobre nosotros. Se pretende declararme judicialmente incapaz como una forma de apropiarse de mi patrimonio.
Lo increíble es que mis perseguidores sean dos de mis hijos, Francisco y Juan Felipe. Ignorando que en vida ya les he adelantado cuantiosa herencia además de haberse apropiado sin mi consentimiento de importantes sumas de dinero, me iniciaron los procesos judiciales que el pueblo boliviano ya conoce.
Mi compañera de varias décadas y yo decidimos contraer matrimonio, por amor y por prudencia, para evitar una curatela perversa a cargo de mis hijos. Nada de esto los ha detenido. En este círculo de hierro legal y político tendido en mi país no sólo se pretende mi declaración de demencia senil sino la nulidad de mi matrimonio.
Lamentamos profundamente que en nuestra patria no hayamos podido obtener la protección legal que sí hemos recibido en Bolivia. Las autoridades peruanas llamadas a poner orden en esta implacable e inmisericorde persecución judicial digitada por mis hijos Juan Felipe y Francisco con el apoyo de altos funcionarios públicos no han tenido el valor de enfrentar el más gigantesco tráfico de influencias que he visto en mis 92 años de vida.
Produce indignación que mientras la Fiscalía de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen a cargo del Dr. Joadel Bravo Bezerra públicamente señale que soy una persona coherente que voluntariamente se encuentra en Bolivia; el Juez del Primer Juzgado de Instrucción Mixto de la Provincia Santistevan – Montero, Dr. Herman Mendoza Iriarte reconozca que soy una persona capaz en derecho y la Comisión Nacional de Refugiados me extienda un Certificado de Protección Legal, las autoridades peruanas permanezcan indiferentes frente a los atropellos judiciales de las Magistradas Torres y Centeno.
En la escalada de resoluciones judiciales aberrantes contra mis más elementales derechos humanos, mis hijos han logrado que a uno de ellos se le nombre como mi curador de bienes y persona. En este proceso kafkiano que se ventila en mi país, me han despojado de mis derechos civiles y de la administración de mi patrimonio, lo que tiene el efecto de una “muerte civil”. Por añadidura, han logrado que se me designe un “abogado de oficio” en mi proceso de interdicción, para privarme de la defensa legal a cargo de los abogados que elegí y en quienes confío. Con pena inmensa he apreciado la última escena televisiva en la que mi hijo Francisco insulta con alevosía a mi esposa, “revisa mis cuentas” sin mi autorización y cuestiona en forma temeraria e irresponsable el retiro de fondos que, por precaución elemental, mi esposa y yo hemos venido realizando directamente, por si llegaba, como en efecto ha sucedido, esta monstruosa curatela provisional de mi persona y de mis bienes.
Graciela y yo estamos preparados para seguir esta batalla hasta el final de nuestros días. Hemos tomado las medidas diligentes y previsibles para enfrentar a Juan Felipe y Francisco, como no dejarles dinero en nuestras cuentas bancarias y preparar pacientemente un fondo de contingencia para no claudicar en una transacción indigna que afecte nuestros derechos fundamentales.
Que Dios perdone a mis hijos.
Santa Cruz, 5 de agosto de 2008.
